Con sus críticas vertidas en relación al fracaso de estas plantas «dudosamente sostenibles» y su apuesta por una gestión hídrica «solidaria», el ministro abre las puertas a futuros trasvases e inyecta esperanza a los regantes valencianos.

Sus declaraciones no sólo pueden aplicarse a la transferencia desde el Ebro, sino también al mantenimiento del Tajo-Segura, fundamental para los regadíos levantinos y rechazado en sus condiciones actuales por el Ejecutivo manchego.

Ayer, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro consideró que «unidad de cuenca y trasvases no son incompatibles» y que no hay por qué tirar las aguas «excedentarias» siempre y cuando se respeten los caudales ecológicos. Además, apeló a la Constitución, que recoge los principios de «solidaridad y cohesión territorial». Arias Cañete reprochó la «preocupante herencia» recibida del anterior Gobierno en materia de agua, cuya gestión calificó como «catastrófica». Tras suprimir el Plan Hidrológico Nacional en 2004, la ministra Cristina Narbona inició el programa de desalación de agua de mar, «que apenas facilita 111 hectómetros cúbicos de agua, el 16% de los 778 previstos».

En la Comunitat, las desalinizadoras impulsadas como sustitución al trasvase del Ebro sólo han aportado el 6% del caudal prometido. El bautizado como Programa Agua incluía 43 actuaciones en tierras valencianas, designadas como urgentes, para aportar 400 hectómetros cúbicos anuales. El resultado real es que sólo ha generado 26 al año.

Prueba del fracaso del plan en la Comunitat es que sus dos proyectos más emblemáticos, y los más costosos, están inutilizados. Se trata del trasvase Júcar-Vinalopó y de la desalinizadora de Torrevieja, la más grande de Europa. Ambas infraestructuras, que aún no han entrado en funcionamiento, costaron 550 millones de euros.

El trasvase, ideado para suplir el déficit de abastecimiento y las necesidades de los regadíos de la cuenca del Vinalopó, ya está construido. Los empresarios y agricultores de la provincia de Alicante quieren que se retome el diseño inicial de la transferencia (en Cortes de Pallás), con el argumento de que la infraestructura actual dispara el coste final del metro cúbico de agua y reduce su calidad. Sin embargo, los regantes del Júcar apuestan por mantener el arranque de la conducción en el azud de la Marquesa, situado en las inmediaciones de la desembocadura. Estos sostienen que es el único punto donde existen sobrantes, pues en Cortes el caudal está regulado al 100%.

En el caso de la desalinizadora de Torrevieja, la obra no está en funcionamiento por las tensiones surgidas entre el Gobierno central y la Generalitat, que han derivado en retrasos en la concesión de las autorizaciones necesarias para su puesta en marcha.

El Programa Agua tenía prevista la creación de otras ocho desalinizadoras en la Comunitat Valenciana, aunque a día de hoy sólo dos están operativas, y una de ellas (Alicante I) ya estaba programada con anterioridad y entró en funcionamiento durante el Gobierno de Aznar. Respecto a la de Sagunto, en la actualidad se encuentra ejecutada y en fase de pruebas.

Arias Cañete también criticó el precio que tendrá el metro cúbico de agua desalada para los agricultores. «Este coste es muy superior al que puede soportar el sector, y, por lo tanto, para hacer viable el uso de las desalinizadoras hay que recurrir a una cadena de asociaciones encubiertas, ya que los agricultores no demandan este agua al no poder pagarla», aseguró.

Las 50 comunidades de base representadas en la asamblea ya han advertido a sus socios «para que cada uno vaya haciendo sus cuentas», porque pueden empezar con 2.000 o 2.500 metros cúbicos por hectárea, señaló José Víctor Nogués, presidente de la de Alberuela, Sodeto y Lalueza. Esta cantidad no alcanza ni para cubrir la mitad de las necesidades de los cultivos más rentables, por lo que este y otros presidentes temen que entre un 30 y un 40 por ciento de las tierras se dejen sin cultivar.

Nogués, ayer, aún estaba sembrando cebada en una superficie que habitualmente destina a plantar maíz, «por lo que pueda venir». «Prefiero asegurar una cosecha mediana de cereal porque a lo mejor no hay agua para poner maíz. No me puedo jugar el 80% de la explotación».

Como él, la mayoría de regantes han plantado trigo y cebada para garantizarse al menos una primera cosecha, pero ni siquiera esta es segura, pues a pesar del riego extraordinario autorizado a principios de enero, en algunas zonas hay problemas de nascencia. «Hacía muchos años que no se sembraba tanto cereal en los Monegros», señaló Nogués, que además es presidente de la Cooperativa de los Monegros, en perjuicio del maíz, la alfalfa o el arroz, con más necesidades de agua.

«La gente ya está pensando en planificar sus cosechas para no jugársela en los cultivos de verano», declaró el secretario regional de UAGA y presidente de la comunidad A-19-20 (Huerto), con casi 350 regantes. Esto tendrá una repercusión directa en la renta agraria, ya que el trigo o la cebada no resultan tan rentables. A estos efectos se sumarán los indirectos, con una reducción en la compra de semillas o abonos si se dejan tierras sin cultivar.

Las economías agrarias se resentirán aún más en aquellas comunidades que están modernizando sus regadíos por los gastos de amortización de créditos, con un coste de 7.000 euros por hectárea para los bolsillos de los agricultores. «Hemos hecho unas grandes inversiones para ahora tener menos agua. Si no cosechamos, no podremos pagar», advirtió Josué Elbaile, presidente de la comunidad de regantes de Lalueza y miembro de la junta de gobierno de la comunidad general de Riegos del Alto Aragón. Además, añadió, algunos agricultores ya han gastado en enero la mitad del cupo asignado para regar el cereal de invierno.

«Puede ser un año desastroso», afirmó Elbaile, recordando que aún en las campañas iniciadas con restricciones había más agua que en esta. «Será mucho peor que en 2005 porque además los costes son cinco o seis veces superiores. Entonces se habló de cien millones de euros de pérdidas en el campo pero ahora serán muchos más», añadió.

La asamblea de Riegos del Alto Aragón no solo informará sobre la situación de la campaña que arranca en marzo. También tratará de la aprobación de los presupuestos y del calendario de elecciones, pues este año debe renovarse la mitad de la junta.

Lobón añadió que ya se ha creado un grupo de trabajo para alcanzar una postura nacional respecto de la reforma de la PAC con el conjunto de las comunidades autónomas, en la que se quieren incorporar los planteamientos diferenciados de cada territorio. Asimismo, detalló que el borrador se centra en tres cuestiones fundamentales de la propuesta de reforma en relación con una definición más clara de lo que se entiende por región, para que sea lo más agronómica posible; el complemento "verde", que es excesivo y más en las condiciones que se imponen a los agricultores para acceder a él; y en la intervención en los mercados.

Por otro lado, Lobón se mostró "dispuesto" a convocar la Mesa de la Sequía cuando acabe la ronda de contactos con las organizaciones agrarias, el día 1 de febrero. "No está absolutamente decidido pero prácticamente con toda probabilidad se convocará", señalaron fuentes del departamento.

Lobón -que acudió ayer a una conferencia sectorial en el Ministerio de Agricultura para abordar el futuro de la PAC- aún tiene pendiente una reunión bilateral con Arias Cañete, que se deberá celebrar en cuestión de pocas semanas. De momento, el ministro ha recibido ya a los dirigentes de Murcia, Valencia y Baleares.

Si por la parte aragonesa ayer hubo claridad, desde las Comunidades levantinas intentaron suavizar las posiciones de la pasada semana. El interlocutor que más apostó por el consenso fue el propio presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien afirmó que en ningún caso quiere «polemizar» con las otras comunidades autónomas sobre el tema del agua. De todas formas, este dirigente popular dejó claro ayer que su región sigue reivindicando el acceso a más agua, porque es su «herramienta para seguir trabajando y manteniendo algo que genera riqueza».

En la actitud pública de evitar conflictos con los representantes aragoneses, Valcárcel aludió de forma expresa al bloqueo que ha promovido el Gobierno central con las obras aragonesas e instó a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy acabe con ese freno. «Aragón es España y los aragoneses son españoles y requieren de una regulación de su propia cuenca a partir del esfuerzo, compromiso y solidaridad a través del presupuesto de todos los españoles» Valcárcel incluso llegó más lejos en su aparente apoyo a las reivindicaciones aragonesas, siempre sin renunciar al trasvase. En este sentido, aludió implícitamente al Ebro y afirmó que las necesidades de la «cuenca cedente» tienen «prioridad» en la ley, citando el trasvase que hay en vigor del Tajo al Segura.

Según el planteamiento de Valcárcel, Murcia estaría aceptando que antes de cualquier trasvase deben ejecutarse todas las obras del Pacto del Agua. A la vez, también deja claro que no renuncia al trasvase del Ebro si estas actuaciones se impulsan. Hay que recordar que esta postura es muy similar a la que se planteó en el año 2000. Entonces, el PP apostó por hacer primero las obras del Pacto del Agua. Sin embargo, el PHN incluyó también un trasvase del Ebro, que fue la única parte de esa ley que avanzó en su tramitación.

Así, los márgenes más desorbitados coincidieron con la mayoría de estos productos: cebolla (1.600%), plátanos (805%), patatas (786%), limones (759%) y naranjas (712%).

Esto ha provocado que los grandes embalses del Pirineo oscense sigan estando en niveles de alerta y que la reserva de nieve acumulada en las cabeceras de sus ríos no llegue ni a la mitad del promedio de los cinco últimos años. Según las estimaciones de la CHE, en los afluentes aragoneses hay unos 170 ) de hectómetros cúbicos (hm manto blanco, cuando tendría que haber cerca de 400.

En cuanto a la margen derecha, los pantanos del Huerva y el Aguas Vivas continúan en situación de emergencia, y los del Guadalope están en alerta (Caspe) o en prealerta (Calanda y Santolea). No obstante, todos estos índices pueden variar cuando la CHE actualice sus indicadores de sequía.

La Confederación reconoce que la situación es «preocupante». De hecho, esta semana se van a celebrar tres nuevas comisiones extraordinarias de desembalse para estudiar posibles cambios en el régimen de explotación de los pantanos que permitan mantenerlos lo más llenos posible hasta que lleguen las lluvias.

«Esas comisiones de desembalse se sumarán a las que ya hubo en octubre y en diciembre, y también servirán para que los usuarios del agua tengan toda la información a la hora de tomar decisiones», destacan desde la CHE. El organismo de cuenca también recuerda que todavía hay tiempo para que la sequía se solucione.

Aún puede nevar y llover «Aún no se puede saber cómo va a ser el verano, porque en enero y en febrero puede nevar y en marzo y abril habrá que ver cómo evolucionan las lluvias y el deshielo -explican fuentes de la Confederación-. Lógicamente, el panorama es peor que en octubre, porque el otoño ya ha pasado y apenas ha dejado precipitaciones, pero otros años hidrológicos empezaron igual de mal y luego se solucionaron».

Respecto a la situación que atraviesan los principales sistemas de riego, la CHE confirma que el llenado y el vaciado de la presa de Barasona condicionará «claramente» la campaña en las hectáreas del canal de Aragón y Cataluña que dependen del Ésera -los pantanos del Noguera Ribagorzana están bastante mejor-.

En Bardenas, el principal problema es que en el valle del Aragón de nieve, solo hay unos 40 hm cuando lo normal sería que ya se rondaran los 100. Y en cuanto a Riegos del Alto Aragón, la Confederación destaca que lo más preocupante son las aportaciones de sus ríos, ya que el Gállego ha vivido el cuarto otoño menos caudaloso de los últimos 40 años y el Cinca, el sexto. «Según sus consumos actuales, este sistema tiene que recuperar un déficit de unos 300 », indican desde la CHE. hm La sequía empezó a gestarse a principios de 2011, pero se desencadenó el pasado verano. En julio, agosto y septiembre, Aragón recibió menos de la mitad de precipitaciones de lo habitual. Y en octubre, el déficit pluviométrico llegó al 64%, momento en el que todos los sistemas de riego de la Comunidad llegaron a estar en umbrales de emergencia.

Las lluvias de noviembre aliviaron la situación y permitieron que los agricultores pudieran sembrar los cultivos de invierno. Sin embargo, diciembre ha vuelto a ser muy seco -desde septiembre, en gran parte del Pirineo ha llovido entre el 25% y el 50% de lo normal-. Las cosechas que aún no han nacido han tenido que recibir un riego de emergencia, y otra vez empieza a haber problemas de abastecimiento como los de La Puebla de Valverde (Teruel).